Salidas profesionales

En nuestro país, el acceso a la profesión de abogado y procurador de los tribunales queda regulada en la reciente Ley 34/2006, de 30 de Octubre, sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales.

Esta ley tiene como objetivo principal mejorar la capacitación profesional de abogados y procuradores en cuantos colaboradores relevantes de la administración de justicia con el fin de que los ciudadanos tengan garantizado un asesoramiento, una defensa jurídica y una representación técnica de calidad como elementos esenciales para el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Para alcanzar el objetivo de una capacitación profesional especialmente cualificada la ley establece un sistema de formación en la excelencia que tiene tres pilares básicos: la realización de un curso formativo específico en el que se han de adquirir un conjunto de competencias profesionales específicas, el desarrollo de un periodo de prácticas externas y la realización de una evaluación de la aptitud profesional que culmina el proceso de capacitación con carácter previo a la inscripción en el correspondiente colegio profesional.

La evaluación final de la aptitud profesional tiene como finalidad asegurar que todos los profesionales hayan adquirido las competencias necesarias para el ejercicio de la abogacía o de la procura. Partiendo de esa finalidad general, el Reglamento de la Ley 24/2006, aprobado en el RD 775/2011, de 3 de junio, ordena el contenido y el desarrollo de la evaluación en atención a unos objetivos concretos.